El sindicato UGT ha asegurado este viernes que la Delegación del Gobierno ha iniciado un procedimiento contra Deliveroo tras constatar que siete inmigrantes ilegales entregaban pedidos, supuestamente mediante la cesión de una cuenta por parte de otros repartidores que sí estaban dados de alta.

El abogado de UGT en el juicio contra la empresa de repartos que se celebra este viernes, Bernardo García, ha precisado en declaraciones a la prensa que estas siete personas formaban parte de los más de 500 repartidores que fueron objeto de una investigación por parte de la Inspección de Trabajo en Madrid entre octubre de 2015 y 2017.

Por su parte, fuentes de Deliveroo han asegurado que no tienen constancia de dicho proceso.

El acta levantada por la citada inspección fue lo que provocó que la Tesorería de la Seguridad Social presentase una denuncia contra esta plataforma, que se sienta ahora en el banquillo acusada de tener a sus repartidores como falsos autónomos, por lo que reclama 1,2 millones de euros en concepto de cotizaciones.

García, que defiende también a seis de los siete inmigrantes afectados, ha apuntado que entre ellos hay "algún solicitante de asilo", y ha precisado que este procedimiento de la Delegación de Gobierno se desarrolla de forma paralela al iniciado por la Seguridad Social. 

"Vamos a intentar que la empresa reconozca que existe una relación laboral y que a partir de ese arraigo puedan quedarse y tener permiso para residir en España", ha afirmado.

El abogado ha recordado que el repartidor fallecido el sábado en Barcelona cuando entregaba un pedido de Glovo era un caso similar, ya que también se trataba de un inmigrante sin autorización para trabajar.

"Glovo sabe que el terminal desde el que se conecta el repartidor no coincide con el habitual de esa cuenta (...) Pero a las plataformas les interesa que el reparto se lleve a cabo", ha advertido.